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Querella penal por cinco delitos contra la Dirección de Fedeoliva

Extraído del Diario Jaén 3/6/05

Paula Peláez/ Jaén

A por todas y al más alto nivel. Los 44,5 millones de euros en deudas que Fedeoliva ha dejado a los productores de 15 cooperativas para pagar ante los bancos van a intentar resolverse en una alta instancia judicial: la Audiencia Nacional. Un equipo de abogados penalistas del prestigioso bufete Chamorro and Molins, se reunió ayer con miembros de la comisión que componen representantes de las entidades afectadas y de, al menos, una decena de cooperativas con sus presidentes y abogados.
Según destaca uno de los miembros que defienden los intereses de las empresas afectadas (con más de 7.000 familias endeudadas), José Sanjuan, los abogados han considerado la vía penal como la adecuada para presentar el caso y, por la documentación revisada, encuentran cinco posibles delitos. Sanjuan (que pertenece a la cooperativa Santa Isabel de Torres, de la que es presidente Juan Carrasco Molina) señaló que los letrados hallan indicios de apropiación indebida, varias estafas, varios delitos de falsedad, administración desleal y conculcación de la información.
Además, los abogados se han limitado a explicar que, en un principio, se intentaría sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula directiva de Fedeoliva y la empresa que se creó para la comercialización internacional del aceite con estas cooperativas, Expace. Por tanto, en un principio, el peso recaería en Manuel Villar, como presidente de Fedeoliva en ese momento y gerente de Expace; Santiago Abril, actual responsable de la entidad, y Pedro Lanagrán, cargo en la junta directiva de Fedeoliva y presidente de Expace. No se descarta ampliar la responsabilidad a los por entonces presidentes de las cooperativas sobre los que se estudia si fueron conscientes de la situación económica que se generaba en la empresa y del agujero económico que finalmente se creó. Tras la reunión de ayer, celebrada en el hotel La Perdiz de La Carolina, se decidió, además, por parte del equipo de abogados penalistas, que la querella penal se llevaría para su revisión a todos los productores que componen las cooperativas para que la conozcan y hagan alegaciones. De esta manera, a lo largo de los próximos días se procederá a la celebración de asambleas informativas en todas y cada una de las cooperativas interesadas para que además de las entidades, la querella pueda ir avalada por productores afectados individualmente. De esta forma, a ella podrían unirse unas 3.000 personas.
En este sentido, los abogados destacaron que el tiempo apremia y que esperan disponer cuanto antes de todos los requisitos para poder presentarse ante la Audiencia Nacional. Sanjuan asegura que, a pesar de que los datos de que disponen y han estudiado los abogados arrojan como resultado cinco delitos, no se descarta alguno más cuando se disponga de la totalidad de la documentación, alguna muy comprometedora.
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1 comentario

Andrés -

Porcuna tiene que continuar su historia con la cabeza muy alta, tenemos que defendernos con valentía de la mala gente.
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